La intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Catalunya el 1 de octubre de 2017 ha quedado en el imaginario los principales políticos y de una parte de los medios de comunicación catalanes, como una intervención marcada, de modo generalizado, por la violencia, la brutalidad y la fuerza desproporcionada. Sin embargo, el análisis de los datos conocidos hasta hoy no corrobora esa idea.
Entretots
De los casi 900 heridos que reconoció la Generalitat inicialmente a causa de las intervenciones de esos cuerpos (en los que se incluyeron personas con, por ejemplo, contusiones leves o mareos), solo tres o cuatro casos revestían cierta gravedad. Según el Ministerio del Interior, los centros de votación cerrados por esos cuerpos de seguridad fueron 92, de un total de unos 2.300. Los efectivos enviados por el Gobierno central exclusivamente para detener el referéndum fueron unos 6.000. Sin embargo, a día de hoy, siguen abiertas investigaciones solo sobre unos 80 agentes (incluyendo mandos) y sobre 27 centros, investigaciones que están en curso y sobre las que hay que esperar las conclusiones.
En mi opinión, esos datos muestran que el uso desproporcionado de la fuerza que se vio en algunas imágenes publicadas en redes sociales y medios de comunicación -uso que me parece condenable y que debe ser investigado- no fue algo sistemático o generalizado. Esas imágenes muestran, ciertamente, una parte de la realidad, pero no toda, ni gran parte de ella. Los datos -al menos los conocidos hasta ahora- muestran, pues, que el imaginario creado acerca de la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil aquel día, sencillamente, no se corresponde con la realidad.