Sindicatos, patronal y Gobierno han pactado subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 20% hasta 2020. Maravilloso, pero ¿por qué marginan de nuevo el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)?

En el 2004, con la complicidad de los sindicatos y fruto de la ingeniería financiera neoliberal del gobierno del PSOE, se modificó este índice de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones e incluso el subsidio de desempleo, para así desvincularlo de los habituales incrementos que pudiera tener el SMI. Congelado durante 6 años, en el 2017 subió un 1 % y, en el 2018, no subirá.

El encarecimiento de artículos de primera necesidad hace que los que tienen sus exiguos salarios a él supeditados –como parados o enfermos del síndrome tóxico de la colza–, pierdan poder adquisitivo con tanta rapidez que se ahogan en la miseria. Una gran injusticia consentida que afecta a los más desfavorecidos, que dura demasiado y que se debe revertir con urgencia para que haya justicia social.