Cuando el 26 de mayo se cierren las urnas, habremos elegido a nuestros representantes en cuatro gobiernos: municipales, autonómicos, estatal y europeo. Todo un éxito para el "Estado democrático y de Derecho" que proclama en su primer artículo la Constitución española.

A partir de ahí queda por saber qué iniciativas, imaginativas y justas, no solo legales, se toman para implementar el Estado social que también ordena la Constitución, esto es, dotar al derecho de contenidos económico y social suficientes para consolidar un nuevo orden económico más igualitario que el actual, y más cohesionado socialmente, lo cual relativizará la importancia de las identidades primordiales que esgrimen como armas políticas electorales los nacionalismos desacerbados y antidemocráticos.

El Estado social exige la extensión de las políticas públicas desde los tradicionales campos de la educación, la sanidad o la seguridad social, a la intervención en el mundo laboral y económico, así como en el urbanismo y la vivienda, el medio ambiente y la cultura, proporcionando especial protección a los ciudadanos que más la necesitan. Es cada día un Estado más necesario.