Desde 1996, cuando pasaron a depender de Interior, las cárceles dejaron de ser un recurso para la administración de justicia y se han convertido en una herramienta policial, en un almacén de delincuentes, ajenas al mandato constitucional de reeducación y reinserción social parecen la sentina de la sociedad que nadie quiere limpiar.

Se ha ignorado la condición más elemental de la cárcel como ámbito de convivencia continuada, donde la intimidad de los internos es supervisada durante las 24 horas del día y en todas las actividades, incluso las más cotidianas; esta labor institucional no resulta fácil para los trabajadores que la llevamos a cabo, ni para quienes la soportan.

La interacción  interno/funcionario es muy estrecha, y está muy condicionada por la situación de especial dependencia o necesidad que tienen los privados de libertad; la autoridad de los funcionarios es institucional y también personal, si se alientan temores y miedos infundados, el conflicto, cuando surge, puede adquirir dimensiones inabordables.

Ante cada agresión, deberíamos preguntarnos: ¿cuántos internos hay implicados?, ¿cuáles son sus circunstancias personales?, ¿cuáles son las consecuencias para los implicados?, ¿cuáles para la institución?...Y, por supuesto, mejorar nuestras respuestas a ¿qué hacer?