Puede parecer extraño que tanto a Puigdemont como Aragonès y otros políticos catalanes que han sido acosados y perseguidos por las 'cloacas del Estado' ahora les resulte gracioso lo que 'sufren' el presidente Sánchez y su esposa.

Sufren porque se les calumnia, porque un juez admite a trámite una denuncia que no debería admitirse a trámite, es decir, el juez (el que sea) hace algo que no debe hacer (ya que la ley no permite imputar o incoar a alguien con unos recortes de prensa como única prueba) contra alguien tan importante como la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con el único fin de desgastar anímicamente, ya que después de la imputación viene una avalancha mediática impulsada desde un partido político que utiliza el 'lawfare' como herramienta de hacer política.

Yo pregunto: ¿Ha quedado claro ahora que el 'lawfare' es una práctica de lo más normal en España y que es el PP el único que la utiliza? Pero, ¿acaso alguien hizo algo cuando imputaban a los representantes de izquierdas e independentistas con burdas acusaciones? ¿Recuerdan a Ferreras grabado en un audio hablando con Villarejo afirmando lo burdo de la acusación al vicepresidente Iglesias? ¿Acaso el periodista dejó de acosarle después, aun sabiendo que se le acusaba con mentiras?

El 'lawfare' es una máquina engrasada que ha funcionado durante los últimos años y funciona perfectamente en la actualidad. Esperemos que el presidente arregle este asunto únicamente como se debe: proponiendo una ley que lo impida. Vamos, que los jueces no puedan admitir calumnias o que, si lo hacen, paguen las consecuencias.

Eso sería justicia para su esposa, a la que ama y por la que sufre, y para todos los que gobierna y no le hicieron sufrir tanto.