El inédito comunicado de la Casa Real constituye una decisión sin precedentes y de impredecibles consecuencias. Felipe VI rompe con su padre, el Rey emérito, Juan Carlos I, le retira la asignación económica, renuncia a la herencia que pudiera corresponderle y hace recordatorio de su discurso de proclamación cuando enfatizó la observancia de una conducta íntegra, honesta y transparente.

Ahora bien, esos principios encomiables de rectitud e integridad presentan zonas de penumbra que se entreveran del propio comunicado. Si conocía el monarca la designación como beneficiario de unos fondos presuntamente opacos, producto de negociaciones irregulares de su padre, ¿por qué ha tardado tanto en tomar tan drástica y lacerante determinación? ¿Se creyó,acaso, que con la retirada de la vida pública del Rey emérito ya era suficiente? Ese proceder no parece compadecerse con la transparencia. El comunicado se erige en un cortafuegos 'in extremis' que admite tácitamente irregularidades financieras. ¿Se depurarán eventuales responsabilidades penales?¿Para evitar el descrédito y descalabro institucional, ¿se lavará la cara de la Corona con la entrega de los 100 millones al Estado, en medio de una crisis sanitaria de enorme magnitud, para destinarlos a las necesidades de la población?