Escribo esta carta con motivo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) que comenzó a pagar la Iglesia Católica a partir del 4 de noviembre de este año, tras la derogación de la exención que disfrutaba desde 2001.

La medida, que fue aprobada por el Gobierno y la Iglesia en marzo de este año, supone un paso adelante en la equiparación del régimen fiscal de la Iglesia Católica con el del resto de confesiones religiosas y entidades sin fines lucrativos.

Desde mi punto de vista, la implementación de este impuesto es una medida justa y equitativa. La Iglesia Católica es una institución poderosa y rica que cuenta con un gran patrimonio inmobiliario, por ello es razonable que contribuya al sostenimiento de los servicios públicos, como la educación, la sanidad o la seguridad. Era una medida que se debía haber tomado años atrás o que inclusive, debió ser así desde el principio.

Además, la implementación de este impuesto supone un avance hacia la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Iglesia Católica es una institución que goza de un estatus especial en España, pero eso no le exime de cumplir con sus obligaciones fiscales.

Considero que la implementación del ICIO a la Iglesia Católica es una medida positiva que debe ser aplaudida. Es un paso en la dirección correcta para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y para que todos contribuyamos al sostenimiento de los servicios públicos.