Quisiera llamar la atención sobre una práctica tan común como inaceptable que ocurre, más a menudo de lo que debería, en algunas administraciones públicas: el cotilleo de funcionarios sobre los expedientes personales de los ciudadanos. Nuestra información privada -esa que entregamos con la esperanza de que sea tratada con responsabilidad y respeto- se convierte, en ocasiones, en tema de conversación de pasillo.

Lo peor es que muchos lo hacen con absoluta naturalidad, como si no existieran el derecho a la intimidad ni la ley de Protección de Datos. Lo digo con conocimiento de causa. Hace poco, mientras tramitaba documentación de mi hijo en una oficina pública, fui testigo directo de este tipo de comportamiento.

Un funcionario le preguntó a otro en voz alta, sin pudor: "Y este niño, ¿por qué tiene pasaporte español si ha nacido en Inglaterra?". No era una pregunta profesional ni necesaria para el trámite. Era simple curiosidad, cotilleo. Y mientras uno hacía "una copia", el otro se acercaba a escuchar o mirar los datos en pantalla, como si estuviera en su derecho.

Este tipo de actitudes no solo vulneran normas básicas de respeto y profesionalidad, sino que incumplen gravemente la legislación sobre protección de datos. ¿Cómo podemos confiar en el sistema si quienes están al frente no entienden que su trabajo exige discreción, y no una licencia para husmear?

Sería deseable que desde las administraciones se adoptaran medidas firmes para prevenir estas situaciones. No solo por cumplir la ley, sino por una cuestión elemental de ética pública.