El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mientras asfixiaba con su jactanciosa política tributaria sometiendo a las clases medias a una tremenda presión fiscal, se valió de su cargo, presuntamente, para crear una red de influencias utilizando para ello su antiguo despacho, Equipo Económico, como bisagra entre las empresas gasistas y el poder legislativo.
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Así, a cambio de sustanciales y suculentos pagos, el despacho redactó, como traje a su medida, modificaciones de la normativa tributaria 'ad hoc' que, con la colaboración de cargos ministeriales, se tradujeron en beneficios fiscales para las compañías del sector, lo que supuso la pérdida de millones de euros de recaudación y, a su vez, la erosionó el Estado de derecho.
Es decir, el exministro usó y abusó de su cargo y utilizó a la Agencia Tributaria a su particular conveniencia para convertirla en un instrumento de sus insaciables apetencias. Afloran de la investigación judicial, por lo que han trascendido numerosas evidencias y sólidos y plurales indicios, paladinos y palmarios, de esas prácticas irregulares y abusivas.
Actuó como Juan Palomo, es decir, "yo me lo guiso, yo me lo como". Pervirtió a las instituciones. Repugnante la conducta de quienes pagaron para que se legislara 'ad hoc' y no para el bien común, y de quien cobró para permitirlo y de sus connivientes. Un gravísimo ejercicio de hipocresía institucional que pone en entredicho los mecanismos de control del Estado y pone al descubierto la relajación en materia de incompatibilidades e invita a la reflexión sobre las denominadas puertas giratorias y los grupos de presión y su anomia o insuficiencia regulatoria.