Hace años, un amigo alquiló una casa para vivienda y turismo rural, pero el inquilino la convirtió en dos prósperos negocios no relacionados con el turismo. El contrato finalizó hace años, el inquilino no reside en la casa y no está en situación de vulnerabilidad.

El problema real comenzó hace más de tres años, cuando dejó de pagar el alquiler aprovechándose de la enfermedad del propietario, quien, a pesar de los esfuerzos, falleció sin recuperar las deudas ni la propiedad. Sus hijos continúan luchando para recuperar lo que les pertenece.

Aunque hay una orden de desalojo, no se ha tomado ninguna medida efectiva. Estos procedimientos legales son muy largos y complejos, causando estrés financiero y emocional a los propietarios. Una situación injusta que muestra la desprotección de los propietarios ante la ley y la falta de acción del Estado, lo que desanima a muchos a alquilar sus propiedades.