La vivienda en España, desde que llegaron los tecnócratas del Opus al poder político y económico (1959 Plan de Estabilización), ha sido un recurso privilegiado para la especulación y la acumulación de riqueza, sin que ningún Gobierno haya hecho nada por evitarlo. La vivienda, en la economía urbana de producción industrial y de servicios, se erige en una necesidad fundamental y muy localizada por eso hicieron acopio de suelo periurbano en casi todas las grandes ciudades, que han rentabilizado con creces.

Sabían también que el desarrollo residencial distribuye cobijo y, además, trabajo, educación, salud, seguridad y bienestar, en definitiva, ofrece infinitas oportunidades de negocio especulativo, por lo que se ha constituido como el primer factor de exclusión social. Considerada la vivienda más por su valor de cambio individual que por su valor de uso social, ha dado lugar a que surjan los intereses más espurios a su alrededor.

Lo urgente, en 2024, no es mantener el “negocio”, como dice Isabel Rodríguez García, ministra de turno, sino partiendo de un análisis exhaustivo de la realidad, fijar estrategias innovadoras y de coordinación de las tres administraciones entre sí, y con los sectores empresariales más competentes, para alcanzar unos resultados con impacto positivo, tanto en la inmediatez del problema, como a medio y largo plazo. Y a los especuladores, que les den…