Recientemente, he recibido una factura de 831 euros por parte de Aigües de Barcelona, correspondiente a un supuesto consumo de 101 m³ en dos meses. Lo cierto es que mi consumo habitual ronda los 20 o 24 m³. ¿Qué ha pasado?

La empresa no facturó el consumo real durante varios periodos anteriores. Ahora, en lugar de corregir el error prorrateando el gasto de forma justa, ha decidido cargar todo el consumo acumulado de golpe, aplicando los tramos más altos de la tarifa.

No me niego a pagar por lo que consumo, pero sí a ser penalizado por un fallo que no es mío. Si el error es del suministrador, no debería repercutir en el bolsillo del usuario. Como ciudadanos, merecemos protección frente a este tipo de prácticas, que son tan silenciosas como dañinas.